El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) ha introducido un nuevo régimen de fraccionamiento de deudas que podría tener un impacto significativo en la reducción de la carga procesal del Tribunal Fiscal, incentivando a los contribuyentes a resolver sus obligaciones pendientes. Sin embargo, esta medida también conlleva riesgos y posibles conflictos, especialmente para aquellos contribuyentes que consideren que tienen bases sólidas para defender sus reclamos.

El abogado tributarista Jesús Ramos considera que este régimen de fraccionamiento es un avance positivo, ya que ofrece diversas modalidades para que empresas y personas naturales salden sus deudas con la Sunat, incluyendo descuentos considerables en multas e intereses. No obstante, Ramos también advirtió sobre un aspecto controvertido de esta iniciativa: el requisito de que los contribuyentes desistan de sus litigios para acceder a estos beneficios. Esta condición podría desalentar a quienes buscan hacer valer sus derechos constitucionales en disputas tributarias.

El ministro de Economía y Finanzas, José Arista, justificó esta decisión señalando la acumulación de expedientes en el Tribunal Fiscal, que ha llegado a un monto de 26 mil millones de soles, con un tiempo promedio de resolución de casos que oscila entre los 9 y 10 años. Según Arista, la implementación de este régimen especial podría aliviar la carga procesal, reducir el número de casos pendientes y acelerar los tiempos de resolución.

Ramos explicó que la congestión en el Tribunal Fiscal ha generado un embudo procesal que retrasa significativamente la resolución de los expedientes. Los incentivos para desistir de los litigios buscan descomprimir esta situación, aunque la expectativa de resolver los casos en un plazo de 9 meses podría ser demasiado optimista, dada la complejidad y el volumen de los expedientes.

En resumen, aunque la decisión del MEF podría aliviar la presión sobre el Tribunal Fiscal y ofrecer soluciones más rápidas a los contribuyentes, también plantea cuestionamientos importantes sobre la renuncia a los derechos litigiosos, lo que podría afectar a aquellos que consideren que tienen fundamentos legítimos para sus reclamos.