La situación del sector transporte en Lima y Callao sigue agravándose, con la amenaza de un nuevo paro nacional de transportistas esta semana. A pesar de la reciente declaración del estado de emergencia en 13 distritos, los trabajadores del sector continúan sintiéndose desprotegidos ante el incremento de extorsiones, las cuales han crecido significativamente en los últimos meses. Según Martín Ojeda, director de la Cámara Internacional de la Industria de Transporte, el Gobierno no ha priorizado suficientemente el combate contra este delito, lo que ha permitido su expansión.

Diversos representantes del transporte anunciaron su participación en el paro programado para el jueves 3 de octubre, señalando que no reanudarán sus actividades hasta que la Policía Nacional del Perú (PNP) garantice patrullajes constantes que protejan sus vidas y bienes. La creciente inseguridad ha llevado a que más sectores del transporte público, como mototaxis y minibuses, también se vean afectados por las extorsiones, un fenómeno que anteriormente impactaba principalmente a bodegueros y comerciantes.

Según cifras del economista Juan Carlos Odar, el sector transporte en Lima genera alrededor de S/80 millones diarios. Una paralización de este sector tiene efectos multiplicadores en la economía, afectando tanto la productividad como la movilidad de personas y mercancías. Un paro parcial, como el del jueves pasado, se estima que provocó pérdidas de hasta S/50 millones.

El problema se agrava debido a la informalidad e ilegalidad que imperan en el sector transporte, lo que facilita la infiltración de mafias y redes criminales. Ojeda advirtió que, para combatir eficazmente las extorsiones, es necesario erradicar también la informalidad que afecta al sistema de transporte, tanto urbano como interprovincial.

En cuanto a cifras, el transporte formal en Lima Metropolitana realiza cerca de 11 millones de viajes anuales, mientras que el sector informal moviliza alrededor del 20% de esa cifra, lo que equivale a 2.2 millones de viajes. Esto genera una pérdida significativa de ingresos para el sector automotriz y afecta gravemente la estructura económica formal.

Ojeda hizo un llamado al Gobierno para que asigne mayores recursos a la PNP, a fin de que pueda enfrentar de manera efectiva el crecimiento de la extorsión. Asimismo, instó al Congreso a prestar atención a los interlocutores con los que se reúnen, ya que en las movilizaciones han participado personas vinculadas al transporte ilegal.

En conclusión, el avance de las extorsiones en el transporte público refleja una profunda crisis de seguridad, agravada por la informalidad y la falta de acción estatal. Este problema, de no resolverse, tendrá efectos cada vez más graves en la economía y la vida cotidiana de los ciudadanos.